La digitalización permite automatizar procesos y mejorar la detección de riesgos, pero también puede generar nuevos riesgos ergonómicos, de fatiga digital, sobrecarga informativa y dificultades de adaptación para ciertos colectivos.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.