Garantizando formación, comunicación clara, advertencias documentadas y evaluación previa del riesgo. Una política preventiva bien implementada es clave para la validez del despido.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.