El texto indica que, aunque la LPRL es general, existen normas sectoriales (RD 110/2015), autonómicas (Ley 1/2024) y jurisprudencia que particularizan y refuerzan las obligaciones preventivas en este sector.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.



