Existen Reales Decretos sectoriales (como RD 1627/1997 para construcción o RD 1389/1997 para minería) y guías técnicas especializadas que adaptan las medidas preventivas a los riesgos propios de cada sector.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.



