Aunque el técnico de prevención no puede ser sancionado administrativamente por la Inspección de Trabajo, sí puede incurrir en responsabilidad penal si su conducta se considera imprudente o dolosa y está relacionada con un accidente laboral. Esto puede ocurrir cuando: • Tiene capacidad real de decisión, más allá de una función meramente asesora. Si ejerce poder funcional o autonomía, puede ser considerado coautor del delito. • Realiza una evaluación de riesgos defectuosa, errónea, incompleta o negligente, que impide detectar un peligro grave y deriva en un accidente. • Omite medidas preventivas evidentes, ignora datos técnicos relevantes o falsea la realidad preventiva. • Existe una relación de causalidad probada entre su actuación y el daño sufrido por el trabajador. • No informa a la empresa de un riesgo grave detectado, o lo hace sin dejar constancia escrita, lo que puede interpretarse como una omisión dolosa o gravemente negligente. En estos casos, los tribunales pueden considerar al técnico penalmente responsable, imponiéndole sanciones como prisión, multa o inhabilitación profesional.
Siniestralidad laboral en España: qué revelan los datos en pleno debate sobre la Ley de PRL
Los datos de siniestralidad laboral son un reflejo directo de cómo se está trabajando, de cómo se organizan los procesos productivos y de hasta qué punto la prevención...





