Sí. El Real Decreto 664/1997 es la norma central específica y se complementa con la Ley 31/1995 (LPRL) y abundante jurisprudencia reciente (TS y TSJ) que exige su aplicación estricta.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.



