Sí. El incumplimiento consciente y voluntario de las normas de PRL puede considerarse una transgresión de la buena fe contractual y justificar un despido disciplinario.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.