Sanciones administrativas, responsabilidad civil y, en caso de daños graves, posible responsabilidad penal, al no integrarse adecuadamente la prevención en el uso de estos equipos.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.