Multas administrativas, cierre temporal del comedor, pérdida de licencias, investigaciones sanitarias, demandas de los padres y un fuerte daño reputacional. Además, el centro puede verse obligado a revisar sus contratos con empresas de catering o personal externo.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.