Multas administrativas, cierre temporal del comedor, pérdida de licencias, investigaciones sanitarias, demandas de los padres y un fuerte daño reputacional. Además, el centro puede verse obligado a revisar sus contratos con empresas de catering o personal externo.
¿Por qué no existe una única respuesta válida para todas las empresas ante una misma obligación preventiva?
Porque la Ley de PRL exige adaptar las medidas al contexto concreto de cada empresa: tipo de actividad, riesgos, organización, recursos, entorno y...



