Puede enfrentarse a sanciones administrativas, responsabilidad civil por daños y, en casos graves, responsabilidad penal conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Código Penal.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.