El incumplimiento puede derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, especialmente si se produce un accidente laboral por falta de coordinación, información o vigilancia. La jurisprudencia ha sancionado múltiples veces a empresas titulares por no cumplir con lo previsto en el RD 171/2004.
¿Por qué no existe una única respuesta válida para todas las empresas ante una misma obligación preventiva?
Porque la Ley de PRL exige adaptar las medidas al contexto concreto de cada empresa: tipo de actividad, riesgos, organización, recursos, entorno y...