Inspecciones desfavorables, multas, pérdida de confianza del cliente, sanciones por parte de sanidad, y responsabilidad directa en caso de intoxicaciones alimentarias. Además, puede afectar la reputación del negocio.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.