Sentencias como la del TSJ de Castilla-La Mancha (1964/2021) y TSJ de Galicia (1434/2020) han confirmado que la obligación de protección del empresario es incondicionada, incluso cuando el riesgo no esté específicamente regulado.
¿Qué obligaciones concretas recoge el Anexo I, punto 1.8, del RD 1215/1997?
Evitar el acceso a órganos móviles con riesgo de atrapamiento y prohibir que los equipos funcionen con protecciones anuladas o inutilizadas.



