Es una sanción económica impuesta a la empresa por infracción en materia de seguridad, que obliga a pagar un incremento de entre el 30% y el 50% de las prestaciones al trabajador accidentado o a sus beneficiarios.
¿Qué dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 05-03-2024, nº 418/2024) sobre estos riesgos?
Confirma la aplicación del RD 664/1997 a cualquier actividad con riesgo biológico y recuerda el deber empresarial de adoptar medidas necesarias de...