Es una sanción económica impuesta a la empresa por infracción en materia de seguridad, que obliga a pagar un incremento de entre el 30% y el 50% de las prestaciones al trabajador accidentado o a sus beneficiarios.
¿Qué normativa regula la coordinación de actividades empresariales en PRL?
El Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, desarrolla el artículo 24 de la LPRL y regula la coordinación de actividades empresariales (CAE) cuando en...