Es una sanción económica impuesta a la empresa por infracción en materia de seguridad, que obliga a pagar un incremento de entre el 30% y el 50% de las prestaciones al trabajador accidentado o a sus beneficiarios.
El verdadero problema en PRL no siempre es técnico
Una de las paradojas más llamativas de la profesión del técnico de PRL es que su mayor desafío no suele ser la complejidad técnica del trabajo, sino las trabas y la...





