Tener el certificado genera confianza entre los consumidores, demuestra compromiso con la seguridad alimentaria y facilita el crecimiento del negocio. Es valorado por clientes, plataformas online, ferias y autoridades. No solo evita sanciones, sino que mejora la imagen profesional del vendedor o del proyecto gastronómico.
¿Por qué no existe una única respuesta válida para todas las empresas ante una misma obligación preventiva?
Porque la Ley de PRL exige adaptar las medidas al contexto concreto de cada empresa: tipo de actividad, riesgos, organización, recursos, entorno y...



