Sentencias como la del TSJ de Canarias nº 558/2021 y la STSJ Cataluña nº 283/2019 han confirmado que la LPRL es aplicable al transporte aéreo y al resto del sector, sancionando la omisión de medidas preventivas por parte de las empresas.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.



