Si se detecta una aplicación indebida, la empresa deberá devolver las cantidades bonificadas y podría enfrentarse a sanciones administrativas, según la sentencia del Tribunal Supremo 148/2024.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.



