El principio de especialidad establece que la normativa sectorial específica prevalece sobre la general. Cuando existe regulación sectorial, debe aplicarse con preferencia a la Ley 31/1995.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.