Se aplica el principio pro operario, es decir, la interpretación más favorable al trabajador. Además, el principio de precaución obliga a anticipar medidas ante posibles riesgos graves, como pandemias.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.