Puede reclamar ante la Inspección de Trabajo, presentar denuncia o recurrir judicialmente, pudiendo derivarse responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales para la empresa.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.



