Puede incurrir en sanciones administrativas, responsabilidad civil por daños y, en casos graves, responsabilidad penal, al incumplir la LPRL y sus reglamentos de desarrollo.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.