Puede haber recargo de prestaciones, sanciones administrativas o responsabilidad penal si no se cumplen las obligaciones preventivas exigidas por ley.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.