Incumplir con esta obligación puede derivar en sanciones administrativas, recargo de prestaciones, responsabilidad civil o penal, y pérdida de prueba en caso de inspección o juicio.
¿Qué tipos de pruebas pueden solicitar los tribunales para acreditar la diligencia preventiva de la empresa?
Registros de formación, partes de entrega de EPIs, evaluaciones individuales de riesgos, actas de reuniones, informes médicos, revisiones periódicas...