Incumplir con esta obligación puede derivar en sanciones administrativas, recargo de prestaciones, responsabilidad civil o penal, y pérdida de prueba en caso de inspección o juicio.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.