Es el proceso por el cual se determina el grado de responsabilidad de una empresa o directivo según su conducta frente a las obligaciones legales de seguridad y salud en el trabajo, especialmente cuando ocurre un accidente o infracción.
¿Quién debe interpretar y concretar estas obligaciones ante la falta de detalle normativo?
Las autoridades nacionales y las propias empresas, aplicando de forma proactiva las directrices europeas y organismos especializados en SST.