¿Cómo fomentar una movilidad más sostenible cuando el centro de trabajo está mal comunicado por transporte público, los horarios dificultan su uso o las alternativas no son suficientemente seguras?
La Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, obliga a determinadas empresas a elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo que, además, deben incluir medidas para mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes, tal como establece su artículo 26.3.
En nuestro artículo anterior explicamos qué empresas están obligadas, cuáles son los plazos y qué requisitos deben cumplir. Ahora queremos centrarnos en cómo llevar estos planes a la práctica, teniendo en cuenta las posibilidades reales de cada empresa y la seguridad de los desplazamientos.
Antes de proponer medidas, hay que conocer cómo se desplaza la plantilla
El punto de partida es el diagnóstico de movilidad, que permitirá conocer los medios de transporte que utiliza la plantilla, las razones por las que los usa y las dificultades que encuentra para utilizar otros.
La distancia entre el domicilio y el centro de trabajo, los horarios, las conexiones de transporte, las necesidades de conciliación o las condiciones de accesibilidad pueden determinar qué opciones son realmente posibles.
Fomentar los desplazamientos a pie puede tener sentido para quienes viven cerca del centro, pero difícilmente será una solución para una persona que reside a treinta kilómetros. Tampoco tendría sentido promover el uso de la bicicleta si los accesos son peligrosos o no existen rutas seguras.
Las encuestas de movilidad son una herramienta especialmente útil para conocer estas circunstancias, siempre que sus preguntas permitan obtener información que después sirva para tomar decisiones.
Además del medio de transporte habitual, los horarios y los tiempos de desplazamiento, interesa saber por qué se utiliza cada alternativa y qué dificultades encuentran las personas durante sus trayectos. También es importante identificar las situaciones de inseguridad y las necesidades relacionadas con la accesibilidad y la conciliación, evitando recoger datos personales innecesarios y garantizando su tratamiento conforme a la normativa de protección de datos.
Así, el diagnóstico permitirá identificar qué alternativas podrían funcionar, para quiénes y qué dificultades habría que resolver antes de promoverlas.
Este proceso debe contar con la participación de la plantilla y su representación. Hay que recordar a este respecto que el artículo 26.2 de la Ley de Movilidad Sostenible exige negociar el plan con la representación legal de las personas trabajadoras y establece un procedimiento específico para los casos en los que no exista dicha representación.
¿Qué medidas se pueden adoptar y quién puede llevarlas a cabo?
Una vez identificadas las necesidades, habrá que valorar qué actuaciones pueden resultar útiles y cuáles son las posibilidades reales de llevarlas a cabo.
Algunas dependerán directamente de la empresa, como habilitar aparcamientos seguros para bicicletas, facilitar información sobre las alternativas de transporte, estudiar cierta flexibilidad horaria cuando la actividad lo permita o favorecer el teletrabajo en los puestos donde sea posible.
Otras pueden requerir la colaboración de empresas cercanas. En un polígono industrial donde varias compañías comparten horarios y dificultades de transporte, por ejemplo, podría estudiarse la organización de un servicio colectivo.
Cuando las mejoras dependan del transporte público o de las infraestructuras, la empresa puede identificar las necesidades y trasladar propuestas a las administraciones competentes, individualmente o junto con otras empresas.
La propia ley establece que, al elaborar estos planes, deben tenerse en cuenta los planes de movilidad sostenible municipales, cuando existan, y los instrumentos de regulación de la movilidad aprobados por las administraciones competentes que resulten aplicables.
No todas las soluciones estarán al alcance de una empresa por sí sola, pero conocer qué actuaciones dependen de ella y cuáles requieren colaboración ayudará a definir medidas realistas.
Movilidad sostenible, pero también segura y accesible
El artículo 26.3 de la Ley de Movilidad Sostenible exige incorporar medidas para mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo, teniendo en cuenta también a visitantes, proveedores y otras personas que necesiten acceder a las instalaciones.
Esto supone que la seguridad debe formar parte de la elección de las medidas de movilidad, y no limitarse a una serie de recomendaciones añadidas al plan.
Por ejemplo, antes de implantar un servicio de transporte colectivo convendría estudiar dónde se realizarán las paradas y cómo accederán las personas a las instalaciones. En centros con circulación de vehículos pesados, también será necesario prestar atención a los puntos de encuentro entre peatones y vehículos.
Según las condiciones detectadas, las actuaciones pueden incluir mejoras en la señalización, separación de recorridos, adecuación de accesos o espacios de estacionamiento, así como acciones de formación y sensibilización en seguridad vial adaptadas a los desplazamientos habituales.
La accesibilidad debe valorarse con el mismo criterio. Una alternativa de transporte puede ser sostenible y económica, pero no resultar utilizable para determinadas personas si presenta barreras físicas o dificultades de acceso.
Tampoco hay que olvidar los desplazamientos en misión, aquellos que se realizan durante la jornada por motivos laborales. Aunque el artículo 26.3 se refiere a los trayectos al centro de trabajo, las empresas que realizan desplazamientos en misión pueden aprovechar la elaboración del plan para revisar también estos riesgos, en coordinación con su plan de prevención. Las rutas, los tiempos de conducción, la fatiga o las condiciones de los vehículos son aspectos que pueden requerir medidas específicas.
De esta manera, el plan de movilidad puede contribuir a una gestión más completa de la seguridad vial laboral, sin perder de vista las distintas circunstancias de los desplazamientos.
Empezar por lo posible y comprobar los resultados
En algunos centros será relativamente sencillo implantar mejoras. En otros, especialmente los situados lejos de los núcleos urbanos, con distintos turnos o plantillas que se desplazan desde numerosos municipios, las alternativas pueden ser más limitadas.
Por eso, el plan debe establecer prioridades, responsables, plazos y mecanismos de seguimiento. Algunas actuaciones podrán ponerse en marcha a corto plazo, mientras que otras necesitarán inversiones, acuerdos con empresas cercanas o la intervención de las administraciones.
También habrá propuestas que, después de analizarlas, resulten inviables en las condiciones actuales, aunque puedan reconsiderarse más adelante.
El seguimiento permitirá conocer qué medidas se han implantado, si se utilizan y si están respondiendo a las necesidades detectadas. Hay que comprobar si funciona y si permite mejorar la movilidad sin comprometer la seguridad. El artículo 26.2 de la Ley de Movilidad Sostenible exige elaborar un informe de seguimiento en el plazo de dos años desde la aprobación del plan y repetirlo cada dos años durante su vigencia, para evaluar el nivel de implantación de las medidas previstas.
Elaborar un plan de movilidad sostenible al trabajo no resolverá de inmediato las deficiencias del transporte público ni las dificultades de acceso a determinados centros. Pero sí permite identificarlas, establecer prioridades y avanzar en las mejoras que sean posibles, sin perder de vista la seguridad de las personas.
Fuentes consultadas
Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible. Texto consolidado, especialmente el artículo 26, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 7/2026.
Planes de Transporte al Trabajo. Muévete con un Plan (IDAE, 2019). Guía técnica sobre diagnóstico, encuestas de movilidad, selección de medidas, participación y seguimiento.
Plan Tipo de Movilidad Segura y Sostenible en la Empresa (DGT e INSST). Herramientas para abordar la seguridad vial laboral en desplazamientos in itinere y en misión.
