La solicitud debe basarse en motivos de salud o rehabilitación. En el sector público, se aplica el procedimiento previsto en normativas autonómicas como el Decreto 192/2017 de la Comunidad Valenciana, que requiere informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
La futura ley española de inteligencia artificial: qué deben saber las empresas que usan IA
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