El incumplimiento puede suponer sanciones administrativas, recargos de prestaciones o incluso responsabilidad civil o penal, especialmente si afecta a datos sensibles o se impide la labor inspectora.
Desconexión digital. Por qué sigue fallando una obligación legal que ya no admite excusas
La ley no deja demasiado margen para la interpretación. En España, la Ley Orgánica 3/2018 reconoce el derecho de las personas trabajadoras a la desconexión digital...





