El incumplimiento puede conllevar sanciones administrativas, recargos de prestaciones, responsabilidad civil y penal. La responsabilidad puede recaer en promotores, contratistas, subcontratistas o autónomos, dependiendo del tipo de infracción y la normativa infringida.
Desconexión digital. Por qué sigue fallando una obligación legal que ya no admite excusas
La ley no deja demasiado margen para la interpretación. En España, la Ley Orgánica 3/2018 reconoce el derecho de las personas trabajadoras a la desconexión digital...
