La Resolución de 25 de noviembre de 2025 del Servicio Público de Empleo Estatal establece medidas específicas aplicables a la iniciativa de formación programada por las empresas durante el ejercicio 2026. Estas resoluciones suelen concretar aspectos operativos del sistema de formación bonificada, como procedimientos de gestión, criterios administrativos o adaptaciones del sistema para ese año. Para las empresas, esta normativa es relevante porque define cómo deben gestionarse las acciones formativas bonificadas durante el ejercicio correspondiente y qué condiciones deben cumplirse para aplicar correctamente las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Modernización de la PRL: qué incluye el acuerdo para reformar la prevención
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