Si la formación no se ajusta a los riesgos reales del puesto de trabajo, la empresa puede enfrentarse a sanciones administrativas graves, recargos en las prestaciones de la Seguridad Social y responsabilidad civil por daños derivados de accidentes laborales. Además, está obligada a corregir las deficiencias detectadas por la auditoría.
¿Qué exige el art. 316 del Código Penal para condenar al empresario?
Omisión dolosa o culposa de medios necesarios, generando peligro grave para vida o salud de los trabajadores.