En un artículo reciente hablábamos sobre cómo la adaptación de los puestos de trabajo es importante para asegurar que cada trabajador pueda realizar sus tareas sin riesgo, teniendo en cuenta sus características personales. Esta no es solo una buena práctica empresarial, sino una obligación legal para las empresas, tal como lo establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Pero, además, debemos tener en cuenta a aquellas personas cuya protección y seguridad en el entorno laboral requiere, por sus características personales o su estado de salud, atención especial. Nos referimos a las «personas trabajadoras especialmente sensibles» (TES), quienes presentan mayor vulnerabilidad a los peligros de su entorno laboral.
Por ejemplo, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, las personas con discapacidad o las personas mayores son algunas de las que, debido a sus circunstancias, pueden tener una mayor exposición a ciertos riesgos que podrían no afectar a otros trabajadores de la misma manera. En esos casos, la ley obliga a las empresas a implementar medidas para proteger su salud, adaptando las condiciones del trabajo para que puedan seguir desempeñando su labor de forma segura.
Ampliación del concepto de vulnerabilidad: los riesgos psicosociales
Si bien los riesgos físicos y biológicos son los más evidentes, es crucial también reconocer los riesgos psicosociales que afectan a ciertos colectivos dentro del entorno laboral. Factores como la discriminación, el acoso laboral, la violencia, y la desigualdad por género u orientación sexual afectan de manera desproporcionada a algunos grupos, como las mujeres, las personas LGTBI y las personas inmigrantes. Estos riesgos psicosociales, si no son gestionados adecuadamente, pueden aumentar la vulnerabilidad de estas personas trabajadoras a problemas de salud y bienestar, tanto físicos como mentales. Es necesario pues ampliar el concepto de «vulnerabilidad» para incluir a estos colectivos expuestos a riesgos psicosociales. Consideramos que la inclusión de estas dinámicas es fundamental para garantizar una protección integral.
En este artículo, exploramos quiénes son las personas trabajadoras especialmente sensibles, por qué es crucial garantizar su seguridad, y qué implicaciones tiene esto para las organizaciones. Acompáñanos a descubrirlo.
Personas con discapacidad
Las personas con discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, pueden enfrentar barreras adicionales en el entorno laboral debido a la falta de adaptaciones adecuadas. Aunque la ley garantiza su derecho a la igualdad de oportunidades en el empleo, es crucial que las empresas implementen medidas específicas para que estas personas puedan desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente.
Además, es importante señalar que la discapacidad no implica automáticamente que una persona sea especialmente sensible a los riesgos laborales. Para que una persona sea considerada como tal, debe existir una relación directa entre su condición y los riesgos del puesto de trabajo. La empresa debe realizar una evaluación de riesgos específica para garantizar que las condiciones laborales no agraven su situación.
Trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia
Las mujeres embarazadas son especialmente sensibles a ciertos riesgos, por lo que presentan unas necesidades especiales que deben ser atendidas para garantizar tanto su bienestar como el de su bebé. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer atraviesa una serie de cambios que pueden hacerla más susceptible a ciertos factores, como la fatiga, las alteraciones hormonales, el estrés físico, y la exposición a sustancias peligrosas.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que las mujeres embarazadas tienen derecho a que se realicen ajustes en su puesto de trabajo para eliminar o reducir los riesgos a los que pueden estar expuestas. Entre estas medidas se incluyen la modificación de tareas que requieran esfuerzos físicos intensos, la adaptación de horarios, y la eliminación de la exposición a productos químicos o agentes infecciosos peligrosos. Además, las mujeres embarazadas tienen derecho a un seguimiento médico adecuado, que debe incluir la evaluación de su salud laboral para prevenir complicaciones.
Personas trabajadoras mayores
A medida que envejecemos, es natural que se produzcan cambios en nuestras capacidades físicas y sensoriales, como la disminución de la fuerza muscular, la flexibilidad o la agudeza visual y auditiva. Estos cambios pueden aumentar el riesgo de accidentes o enfermedades laborales si no se realizan las adaptaciones necesarias. Además, las personas mayores suelen tardar más en recuperarse de lesiones y son más propensas a desarrollar enfermedades crónicas.
Las empresas deben implementar adaptaciones para garantizar que los trabajadores mayores sigan desempeñando sus tareas de manera segura. Esto puede incluir la reducción de las tareas físicamente exigentes, la instalación de equipos ergonómicos, la organización de pausas frecuentes para evitar la fatiga y la revisión continua de su salud laboral. Estas medidas contribuyen a mejorar su bienestar y a prevenir posibles accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
Personas trabajadoras menores de edad
Las personas menores de edad que ingresan al mercado laboral se enfrentan a riesgos adicionales debido a su falta de experiencia y madurez física y mental. La legislación laboral prohíbe que los menores de 18 años realicen trabajos peligrosos, como aquellos que involucran maquinaria pesada, sustancias tóxicas o trabajos en altura. Sin embargo, incluso en entornos que parecen seguros, la falta de una formación adecuada y de supervisión especializada puede poner a los menores en riesgo.
Por ello, es esencial y obligatorio que las empresas proporcionen una formación exhaustiva en materia de prevención de riesgos laborales, adaptada a la edad y capacidades de los trabajadores jóvenes. Además, los puestos de trabajo deben ser adecuados para su nivel de desarrollo y no deben exigir tareas que representen un peligro para su salud física o mental. La implementación de medidas preventivas, como la supervisión constante y la adaptación de los horarios, es crucial para garantizar su seguridad.
Personas con sensibilidades específicas a agentes de riesgo
Las personas con sensibilidades específicas, como aquellas con condiciones de salud como el síndrome de fatiga crónica, trastornos autoinmunes o sensibilidades a ciertos químicos, pueden ser especialmente vulnerables a factores del entorno laboral que otras personas pueden manejar sin problemas. Estas sensibilidades pueden manifestarse de manera física, como reacciones alérgicas a sustancias químicas en el ambiente, o emocionales, como una sobrecarga sensorial derivada de un entorno de trabajo excesivamente estimulante.
Es fundamental que las empresas realicen una evaluación de los riesgos laborales teniendo en cuenta estas sensibilidades. Para proteger a estos trabajadores, las adaptaciones deben incluir un entorno controlado, el uso de equipos de protección, la reducción de la exposición a sustancias o condiciones que desencadenen sus reacciones, y una flexibilidad en el horario o tareas. La adecuación de los puestos de trabajo es una medida que no solo es necesaria para proteger la salud, sino también para asegurar un rendimiento laboral óptimo.
Personas contratadas temporalmente o por Empresas de Trabajo Temporal (ETT)
Las personas que trabajan con contratos temporales o a través de empresas de trabajo temporal (ETT) tienen el mismo derecho a la protección en seguridad y salud que el resto del personal de la empresa. La ley es clara: la temporalidad del contrato no puede ser motivo para recibir un trato diferente en cuanto a condiciones laborales o medidas de prevención de riesgos.
Esto significa que, antes de comenzar a trabajar, deben recibir información detallada sobre los riesgos específicos del puesto, las habilidades necesarias, posibles controles médicos especiales y las medidas de seguridad que deben seguir. Además, se les debe proporcionar formación adecuada y suficiente, adaptada a su experiencia y a las características del trabajo que van a realizar. Este paso es esencial para garantizar que, independientemente de la duración de su contrato, puedan desempeñar sus tareas con total seguridad.
En el caso de los trabajadores de ETT, hay un detalle importante: la empresa usuaria (donde realmente trabajan) es responsable de garantizar que las condiciones laborales sean seguras y cumplir con la obligación de informar sobre los riesgos del puesto. Por su parte, la ETT es quien debe ocuparse de proporcionar la formación y vigilar la salud de estos trabajadores, en coordinación con la empresa usuaria.
En resumen, aunque sus contratos puedan ser breves, su seguridad y bienestar deben ser tratados con la misma prioridad que la del resto del personal. Esto es una responsabilidad compartida entre la empresa usuaria y la ETT para prevenir accidentes y garantizar un entorno laboral seguro.
Personas trabajadoras inmigrantes
Las personas inmigrantes enfrentan diversas barreras que las hacen más vulnerables a los riesgos laborales. Las barreras lingüísticas son una de las principales, ya que dificulta su comprensión de las normativas de seguridad y las señales de emergencia, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Además, las diferencias culturales pueden generar una falta de familiaridad con las prácticas locales de seguridad, o temor a cuestionarlas. Esto puede aumentar su exposición a riesgos laborales, especialmente en sectores donde los accidentes son más comunes, como la construcción o la industria. Además, la falta de formación adecuada y la temporalidad de los empleos en muchos casos aumentan la exposición a estos peligros.
Para proteger a estos trabajadores, las empresas deben garantizar una formación en su idioma, promover una cultura inclusiva, que les permita expresarse sin temor a la discriminación y asegurarse de que no sufran explotación laboral. Es esencial que reciban la misma protección en salud y seguridad que el resto de los empleados.
Mujeres trabajadoras. El enfoque de género en la PRL
Las mujeres trabajadoras pueden enfrentar riesgos laborales específicos, tanto físicos como psicosociales, que requieren atención especial. En muchos casos, las mujeres están expuestas a riesgos ergonómicos, como el levantamiento de cargas, tareas repetitivas o posturas forzadas, que pueden afectar más gravemente su salud debido a diferencias biológicas y fisiológicas.
Además, las mujeres suelen tener un papel sobrecargado fuera del trabajo, debido a la doble jornada laboral, al encargarse de las tareas domésticas y de cuidado. Esto puede generar un estrés adicional que afecta su bienestar general. En términos de riesgos psicosociales, la discriminación de género sigue siendo una preocupación importante, ya que las mujeres pueden enfrentarse a ambientes de trabajo con menos oportunidades de desarrollo, brechas salariales y, en muchos casos, acoso sexual o laboral.
Personas trabajadoras LGTBI
El colectivo LGTBI es especialmente vulnerable a los riesgos psicosociales en el entorno laboral debido a la discriminación, el acoso y la violencia psicológica que muchas veces enfrentan. A pesar de los avances en derechos civiles y laborales, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales siguen estando expuestas a dinámicas de exclusión y estigmatización en el lugar de trabajo.
Estos riesgos psicosociales incluyen el acoso verbal o físico, la invisibilidad en las políticas de igualdad, y la presión para ocultar su identidad sexual o de género. Todo esto puede generar estrés crónico, ansiedad y depresión, afectando gravemente el bienestar de las personas LGTBI.
Las empresas tienen la obligación de crear entornos inclusivos y seguros para estos trabajadores, lo que implica ofrecer formación sobre diversidad sexual, promover políticas claras contra el acoso y garantizar que los trabajadores LGTBI no sufran discriminación por su identidad de género u orientación sexual.
La responsabilidad empresarial en la protección de personas especialmente sensibles
El concepto de «trabajadores especialmente sensibles (TES)» no es un término abstracto ni opcional, sino que apela directamente a una responsabilidad concreta de las empresas: reconocer, identificar y proteger a aquellas personas que, por sus características personales o de salud, están en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los riesgos presentes en el puesto de trabajo.
Para los trabajadores con condiciones de salud específicas, esta consideración implica una adaptación del puesto de trabajo para evitar que las condiciones puedan agravar su situación de salud, independientemente de si la enfermedad fue originada por el entorno laboral o no.
No se trata solo de cumplir con la ley, sino de crear un entorno de trabajo más humano y justo, donde cada persona se sienta protegida, escuchada y apoyada en sus necesidades. Al final, la verdadera seguridad laboral pasa por reconocer y adaptar la realidad de cada empleado para asegurar que cada cual tenga la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en un entorno saludable y respetuoso.
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